Por Luis Gárate*
Las recientes tomas de comisarías en ciudades de la sierra norte del país son una muestra más de la denominada “justicia popular,” que es la reacción airada de sectores de la población cuando se sienten impotentes ante la ilegitimidad de su autoridades para resolver actos de corrupción o ineficiencia probada.
Esta es una forma usual de actuación de poblaciones del interior
del país que crearon mecanismos como las rondas campesinas y urbanas para afrontar problemas de seguridad y administración de justicia que los agentes el estado nacional no pueden cumplir con efectividad.
La corrupción e ineficiencia de las instituciones del estado, como las encargadas de la seguridad ciudadana, en especial en las filas de la Policía nacional, son cosa cotidiana. Sin embargo, cabe recordar que la corrupción de la que somos diarios testigos responde a un problema estructural que va más allá de la caracterización de la sociedad en el orden capitalista.
La cultura de la corrupción es herencia de un estado que pasó de manos de una administración colonial a una aristocracia criolla, a manos de cúpulas militares oligarcas y luego nacionalistas, pasando luego por representantes de profesionales de las clases medias y empresarios nacionales (Acción Popular y el APRA).
Entra la década de los noventa, la dictadura de Fujimori y Montesinos fue la entronización de una tecnocracia neoliberal que estuvo en estrecha alianza las fuerzas armadas con orientación fascista y que alentaron el crecimiento de una burguesía integrada a la globalización neoliberal, e igualmente cómplice de la corrupción a gran escala.
Pero, ¿de qué estado estamos hablando hoy? Se trata de un estado burgués en decadencia, pero que tiene otros componentes. Con cerca de un millón 400 mil empleados del estado es uno de los principales empleadores en el país, que se trasforma así en una agencia de empleos después de cada proceso electoral y donde los puestos se reparten sin criterios de meritocracia o probidad.
Cuando los tecnócratas neoliberales hablan todo el tiempo de la reforma del estado, y desde las filas comunistas respondemos que queremos refundar la república, ¿sabemos a ciencia cierta de qué estamos hablando? La burguesía exige a gritos un estado que sea reducido, que cree condiciones para el despliegue de sus intereses, como cuando pide un estado pequeño, expeditivo y promotor de la infraestructura.
El reto de refundar el Estado peruano para la izquierda y los comunistas, pasa no solo por ofrecer una estructura más permeable a la participación de la ciudadanía organizada, también radica en la capacidad de las fuerzas de vanguardia para iniciar un proceso de regeneración moral de toda la sociedad peruana.
No solo se trata de “capturar” los espacios de gobierno, sino de preparar a los cuadros capaces de conducir al pueblo organizado en las tareas de implementar cambios como la nacionalización de empresas estratégicas, o en el fortalecer el papel estatal en relación a las inversiones mineras y de hidrocarburos.
Esta nueva estructura del estado debe ser capaz de generar mecanismos en la que apliquen sanciones efectivas en todos los niveles de la administración pública. Para una fuerza de cambio social, el reto es la formación de una nueva generación de funcionarios públicos comprometidos con una revolución social, y en la que podamos demostrar eficiencia y transparencia.
Los agentes de policía implicados en coimas a ciudadanos son un grave problema, pero son el eslabón débil y visible de los monumentales flujos de dinero que circulan entre oficiales de mayor rango, funcionarios judiciales, funcionarios de ministerios y programas así como los congresistas y ministros de estado en sus cobros indebidos, su vinculación a redes de narcotráfico y mafias organizadas.
Como hemos señalado en reflexiones anteriores, es necesario hacer un claro balance -y deslinde- de innumerables casos en que representantes de la izquierda en gobiernos locales fueron responsables o cómplices de actos de corrupción.
Corrupción, ineficiencia, patrimonialismo y privatización son los principales rasgos del estado que tenemos como reto superar. Los peruanos merecemos un estado democrático que cumpla con los servicios básicos como salud y educación de manera eficiente, y que instituciones esenciales como la administración de justicia y la seguridad pública siendo efectivas en la prevención y la sanción de los delitos.
Para darle contenido a la Nueva Constitución y la Nueva República debemos entonces evaluar y cualificar nuestras filas y demostrar en la conducción de los gremios de los trabajadores y en la gestión de gobiernos locales que somos -en la práctica- la fuerza política del cambio social y de la regeneración moral del Perú.
Las recientes tomas de comisarías en ciudades de la sierra norte del país son una muestra más de la denominada “justicia popular,” que es la reacción airada de sectores de la población cuando se sienten impotentes ante la ilegitimidad de su autoridades para resolver actos de corrupción o ineficiencia probada.
Esta es una forma usual de actuación de poblaciones del interior
del país que crearon mecanismos como las rondas campesinas y urbanas para afrontar problemas de seguridad y administración de justicia que los agentes el estado nacional no pueden cumplir con efectividad.La corrupción e ineficiencia de las instituciones del estado, como las encargadas de la seguridad ciudadana, en especial en las filas de la Policía nacional, son cosa cotidiana. Sin embargo, cabe recordar que la corrupción de la que somos diarios testigos responde a un problema estructural que va más allá de la caracterización de la sociedad en el orden capitalista.
La cultura de la corrupción es herencia de un estado que pasó de manos de una administración colonial a una aristocracia criolla, a manos de cúpulas militares oligarcas y luego nacionalistas, pasando luego por representantes de profesionales de las clases medias y empresarios nacionales (Acción Popular y el APRA).
Entra la década de los noventa, la dictadura de Fujimori y Montesinos fue la entronización de una tecnocracia neoliberal que estuvo en estrecha alianza las fuerzas armadas con orientación fascista y que alentaron el crecimiento de una burguesía integrada a la globalización neoliberal, e igualmente cómplice de la corrupción a gran escala.
Pero, ¿de qué estado estamos hablando hoy? Se trata de un estado burgués en decadencia, pero que tiene otros componentes. Con cerca de un millón 400 mil empleados del estado es uno de los principales empleadores en el país, que se trasforma así en una agencia de empleos después de cada proceso electoral y donde los puestos se reparten sin criterios de meritocracia o probidad.
Cuando los tecnócratas neoliberales hablan todo el tiempo de la reforma del estado, y desde las filas comunistas respondemos que queremos refundar la república, ¿sabemos a ciencia cierta de qué estamos hablando? La burguesía exige a gritos un estado que sea reducido, que cree condiciones para el despliegue de sus intereses, como cuando pide un estado pequeño, expeditivo y promotor de la infraestructura.
El reto de refundar el Estado peruano para la izquierda y los comunistas, pasa no solo por ofrecer una estructura más permeable a la participación de la ciudadanía organizada, también radica en la capacidad de las fuerzas de vanguardia para iniciar un proceso de regeneración moral de toda la sociedad peruana.
No solo se trata de “capturar” los espacios de gobierno, sino de preparar a los cuadros capaces de conducir al pueblo organizado en las tareas de implementar cambios como la nacionalización de empresas estratégicas, o en el fortalecer el papel estatal en relación a las inversiones mineras y de hidrocarburos.
Esta nueva estructura del estado debe ser capaz de generar mecanismos en la que apliquen sanciones efectivas en todos los niveles de la administración pública. Para una fuerza de cambio social, el reto es la formación de una nueva generación de funcionarios públicos comprometidos con una revolución social, y en la que podamos demostrar eficiencia y transparencia.
Los agentes de policía implicados en coimas a ciudadanos son un grave problema, pero son el eslabón débil y visible de los monumentales flujos de dinero que circulan entre oficiales de mayor rango, funcionarios judiciales, funcionarios de ministerios y programas así como los congresistas y ministros de estado en sus cobros indebidos, su vinculación a redes de narcotráfico y mafias organizadas.
Como hemos señalado en reflexiones anteriores, es necesario hacer un claro balance -y deslinde- de innumerables casos en que representantes de la izquierda en gobiernos locales fueron responsables o cómplices de actos de corrupción.
Corrupción, ineficiencia, patrimonialismo y privatización son los principales rasgos del estado que tenemos como reto superar. Los peruanos merecemos un estado democrático que cumpla con los servicios básicos como salud y educación de manera eficiente, y que instituciones esenciales como la administración de justicia y la seguridad pública siendo efectivas en la prevención y la sanción de los delitos.
Para darle contenido a la Nueva Constitución y la Nueva República debemos entonces evaluar y cualificar nuestras filas y demostrar en la conducción de los gremios de los trabajadores y en la gestión de gobiernos locales que somos -en la práctica- la fuerza política del cambio social y de la regeneración moral del Perú.
05 de septiembre de 2008
*Periodista y militante de la Juventud Comunista del Perú- Patria Roja
1 comentario:
un fuerte abrazo lucho, amigo y camarada. interesanre analisis de la crisis de representacion en la sociedad y la agonia del Estado burgues. Betho
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