De la selva… su lamento

Por Luis Gárate
09-06-09

Para el gobierno aprista todo parece estar dicho. Tenemos una versión oficial sobre la terrible masacre que ocurrió en Bagua, en el departamento de Amazonas, que nos habla de la “violencia desatada por una conspiración internacional contra el desarrollo del país” y de la “manipulación de los nativos por parte de grupos antisistema”.

Es decir, la raíz del problema estaría en otro “complot chavista”, y no en los justos reclamos de las comunidades nativas de nuestra amazonía no tendrían justificación, no tocarían problemas de fondo.

El presidente García y sus ministros, en particular la ministra del interior Mercedes Cabanillas han contribuido a un clima confrontacional, añadiendo a sus declaraciones beligerantes que los sectores indígenas representan lo “más atrasado de la sociedad” y que se trata de ciudadanos que “no son de primera clase”. Agregan así un contenido racial a los problemas estructurales de estas comunidades en su compleja relación con el Estado peruano.

La lucha nativa ha cuestionado en su esencia la configuración excluyente del estado peruano ante la falta de canales institucionales de diálogo con los nativos, y ha puesto en evidencia el modelo de desarrollo del esquema neoliberal: extensa explotación de recursos naturales a manos de propietarios privados sobre la tierra y todo medio de producción. Están en el tapete temas clave para el futuro de nuestro país, y sin ser atrevidos, hasta de la humanidad, como la sostenibilidad del desarrollo económico, la conservación de nuestros recursos esenciales como la fauna, los bosques y el agua, el diálogo intercultural para la consolidación de una democracia, entre otros.
Recordemos que hace más de 50 días que miles de peruanas y peruanos de las comunidades nativas Awajún, Wampis, Shuar, entre otras, se encuentran reclamando que se deroguen los decretos 994, 1064, 1020, 1081, 1089, 1090, 1083, 1060, 997 y 995, que facilitan el ingreso de grandes inversiones petroleras y de cultivos de biocombustibles a sus tierras. Recuérdese que los nativos no fueron consultados para hacer estos decretos, violando así la Constitución y las normas internacionales.

Cabe anotar que las comunidades nativas en cuestión conocidas como aguarunas o jíbaros tienen una larga tradición guerrera y de haber rechazado la ocupación de culturas como los incas, a la colonización española y el ingreso de los explotadores caucheros.

El viernes 5 de junio, día mundial del Medio Ambiente, el gobierno aprista ordenó desalojar por la fuerza a los nativos de la carretera de Bagua. Se habla de más de 30 nativos muertos, entre ellos varios jóvenes. Los enfrentamientos también provocaron la lamentable muerte de 24 policías algunos de ellos jóvenes suboficiales de 19 y 20 años.

Sin embargo, a pesar de todo esto, la reacción gubernamental era ciertamente previsible. Se trata sin duda de una actitud soberbia de un gobierno que ya ha dado claras muestras de intolerancia, y de su defensa irrestricta del modelo económico, en propias palabras de Alan García, al decir que él iba a garantizar su continuidad ante cualquier intento de cuestionarlo.

No solo el Partido Aprista se ha revelado claramente como una derecha primitiva al iniciar una campaña desquiciada de persecución de dirigentes nativos, sino que lo peor es que sigue incumpliendo sistemáticamente lo ofrecido en su campaña electoral, del “cambio responsable” por un estado fuerte y al servicio de las mayorías.

Mientras tanto a las comunidades nativas en lucha de Amazonas, San Martín y Loreto, se han sumado los Ashaninkas de la selva central y comunidades campesinas de la sierra sur. Seguramente se irán sumando los frentes de defensa, los habitantes de la selva, y todos los peruanos que consideran pisoteados sus derechos.

Por otro lado, el Congreso acaba de suspender indefinidamente la vigencia del Decreto 1090. Parecería una muestra de conceder tras el baño de sangre, sin embargo, la persistencia de los voceros del gobierno en la importancia de estos decretos hace entrever los reales intereses que están en juego, considerando que detrás de los decretos está como marco el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En esta etapa de escalada de la represión lo primero que debemos hacer es romper el cerco informativo. Usar al máximo todas las vías que tenemos a la mano para informarle a la gente sobre lo que está pasando en nuestra selva y los intereses que realmente están en juego.

También debemos salir a las calles a expresar nuestro rechazo a la mentira y solidarizarnos con la justa demanda de los nativos, que al final pasa por una nueva constitución y el diseño de un estado incluyente con verdadera democracia, la protección de la biodiversidad y la explotación racional de los recursos naturales. Son sin duda temas centrales ante los retos del Perú en el contexto de los modelos de desarrollo en disputa en América Latina y ante el cambio climático.