Por Luis Gárate
01-03-10
Una tragedia como el terremoto que acaba de estremecer Chile no tiene color político según nos dicen los medios. Sin duda los fenómenos de la naturaleza pueden afectar a todas las personas sin discriminación de ideología, clase, edad o género; pero la respuesta a estos desastres son las que se definen entre las prioridades de los políticos.
Cabe recordar que este sismo ocurre muy cerca a la fecha para que Michelle Bachelet transfiera funciones al electo presidente Sebastian Piñera, representante de la derecha pinochetista y de las grandes corporaciones chilenas.
La “centroizquierda” de la Concertación, le pasa el mando a la derecha sabiendo que continuará las líneas matrices de una gestión neoliberal, en la que si bien se deja un estado fuerte, también queda una economía fuertemente privatizada y con una de las tasas de desigualdad más altas de la región.
A pesar de las importantes y publicitadas cifras de reducción de la pobreza y de una macroeconomía en azul, las primeras escenas televisivas en las zonas del desastre en la mañana del 27 de febrero fueron muy explícitas. Los cientos de chilenos pobres que se amontonaron en las puertas de los principales supermercados de las zonas afectadas como Concepción y Santiago para saquear productos de primera necesidad. Más allá de lo delictivo de los hechos y de los excesos, resultó una muestra de la gravedad de la situación.
La respuesta del Estado chileno todavía no deja ver sus efectos, pero podría esperarse mayor eficiencia considerando la cantidad de recursos del país y su moderna tecnocracia, si la comparamos con el Perú.
Cabe recordar el terremoto que azotó Pisco y parte de la costa sur peruana en el 2007, y la respuesta del Estado peruano. Hasta hoy podemos ver los efectos de una reacción tardía y desordenada, que pretendió poner en manos privadas la reconstrucción y que al final nos ha mostrado ineficiencia, lentitud y corrupción en obras tan esenciales como la vivienda social, hospitales y colegios.
En todo caso algo si es evidente: los más afectados son los pobres, pues no solo son la mayoría, sino son los que viven en condiciones más vulnerables, en zonas de alto riesgo y en viviendas precarias.
Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de contar con un Estado eficiente y al servicio de las mayorías. Esta eficiencia se debe expresar en casos especiales cono la reacción ante las emergencias por desastres naturales, donde se requiere programas de atención inmediata, pero ante todo programas de prevención.
Con el ejemplo de lo acontecido en Chile, y teniendo en cuenta la ineficiente reconstrucción del sur de nuestro país, es imperativo que se diseñen políticas preventivas que prioricen a los sectores más vulnerables en una ciudad como Lima. Recordemos que en el tema del acceso al suelo y en la vivienda reina la informalidad, por eso los más afectados serían miles de pobladores que habitan las laderas de cerros, los arenales y las zonas de riesgo como los márgenes ribereños, así como los miles que habitan casas de adobe o aquellas que siendo de material noble, son autoconstruidas.
La prevención es parte de las políticas públicas de vivienda, transporte, servicios básicos, salud y de seguridad que requieren una especial atención considerando la ubicación del Perú en la zona proclive a desastres naturales como sismos, maremotos e inundaciones. La prevención exige un Estado con autoridad en todos sus niveles, que planifique la ocupación del territorio y cumpla con su papel de supervisión y fiscalización de los proyectos de vivienda e infraestructura pública y privada.
Mientras tanto, queda claro que a la clase dominante peruana, que maneja el aparato estatal embelezada con el neoliberalismo y en medio de la ineficiencia y la corrupción, no le importa implementar políticas que reduzcan en lo posible la amenaza a la que se exponen miles de peruanos ante eventuales desastres.
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