García pide Pacto de no agresión, mientras entrega el país al gran capital
Por Luis Gárate
17-10-09
Más allá del pedido de Alan García de firmar un Pacto de no agresión en Sudamérica, el tema del armamentismo en nuestra región ciertamente cobra notoriedad. A pes
ar de ser uno de más bajos del mundo, el gasto regional alcanzará este año los 50 mil millones de dólares, frente a los 39 mil 900 millones del 2007.
América del sur destina el 1,74 por ciento de su PBI al gasto en defensa, porcentaje que es el menor del mundo a nivel regional, por debajo de los países de la OTAN (EEUU, Canadá y Europa), Rusia, China, Asia Central, Lejano y Cercano Oriente y África.
Recientes informaciones refieren que Brasil se ha embarcado en proyectos de de adquisiciones y cooperación militar por más de 6700 millones de euros con Francia. La administración Lula busca apuntalar cada vez más su papel de potencia líder de la región, respaldada en su capacidad defensiva. Brasilia ha explicitado que se trata de la defensa de sus importantes yacimientos petroleros, gasíferos y de la amazonía.
Colombia es uno de los países que más gasta en defensa y en especial con la cooperación de los Estados Unidos, con el pretexto de la lucha antidrogas. Gastó 6 mil 568 millones de dólares en el 2008
Por su parte Chile invirtió 4 mil 778 millones de dólares en gasto militar, gracias al respaldo del canon del cobre. Así lidera el gasto militar per capita de la región.
Venezuela por su parte ha incrementado su gasto en defensa con un presupuesto de 4,139 millones de dólares en 2009, en especial con la adquisición de equipos militares a la Federación Rusa. El comandante Chávez ha señalado varias veces que el armamentismo colombiano y la presencia de bases yanquis en esas tierras son una clara amenaza a la República Bolivariana. Ecuador y Bolivia por su parte también están realizando compras de aviones y helicópteros para potenciar sus fuerzas armadas.
Se podría hablar de una suerte de escalada armamentista en la región. No han faltado incluso los que hablan de la configuración de una nueva Guerra Fría, con dimensiones ideológicas, políticas y militares. Resulta necesario entonces analizar cuales son las motivaciones que están haciendo que los estados sudamericanos están reforzando sus aparatos militares.
La creciente militarización de Colombia y las instalación de 7 nuevas bases norteamericanas se explica bajo el pretexto de una infructuosa lucha contra el narcotráfico, que busca exterminar a las fuerzas guerrilleras de las FARC-EP y el ELN. En los otros casos como Brasil, Chile o Venezuela, arguyen la necesaria renovación de equipos.
Este escenario nos muestra que a pesar de que nuestro continente no es una prioridad para los intereses imperialistas de Estados Unidos, no dejan de considerarnos su patio trasero y de acrecentar sus instrumentos de intimidación a los gobiernos alternativos.
Mientras tanto en nuestro país persiste la tensión diplomática con Chile en relación al diferendo marítimo y la presentación de la demanda en la Corte internacional de la Haya. Frente a esto la capacidad militar peruana se muestra muy por debajo de la del vecino del sur. En el frente interno, la situación de violencia interna generada por el narcotráfico y rezagos del terrorismo son un claro desafío a la seguridad interna.
El presupuesto peruano en defensa del 2009 se proyectó a los 4,517 millones de soles. (1.5 por ciento del PIB), habiendo sido el 2008 de cerca de 4,160 millones de soles. La mayor parte se destina al gasto corriente (cerca del 70 por ciento) y a financiar el Núcleo Básico Eficaz, una conjunción coordinada de los 3 institutos armados para asegurar la capacidad militar básica para la defensa nacional.
Las cifras de gastos en armas nos dicen algo. Los estados siguen considerando el gasto militar como parte del equilibrio de poder y de su protagonismo en la arena internacional. Este tema nos lleva a reflexionar sobre lo actores en el sistema internacional y en especial el rol que juegan los estados que buscan tener un determinado posicionamiento a partir de sus gastos en el sector defensa. Según los enfoques más relevantes en las relaciones internacionales, como el realismo, los estados buscan acrecentar y defender su poder expresado especialmente en su capacidad militar.
El tema de la defensa sin duda debe ser incorporado a la discusión programática de la izquierda y las fuerzas del cambio, considerando que la política de defensa también debe jugar un rol prioritario en la construcción del proyecto nacional alternativo al neoliberal. En esta propuesta se debe delinear claramente el control civil sobre la política de defensa, y de contar con los recursos para contar con las fuerzas disuasivas, capaces de asegurar nuestra soberanía y la defensa de nuestros recursos naturales frente a la voracidad de los capitales.
Nos queda claro que el llamado de Alan García resulta una paradoja más de su gobierno. Mientras se presenta como pacifista, promueve el ingreso indiscriminado del capital privado en sectores estratégicos en una concepción más amplia de la defensa: puertos como el caso de Paita, aeropuertos y el control de recursos claves como el gas y el agua, lo que resulta una afrenta a nuestra soberanía y la falta de una política de defensa integral, que contemple el control estatal de los recursos esenciales de la nación.
Por Luis Gárate
17-10-09
Más allá del pedido de Alan García de firmar un Pacto de no agresión en Sudamérica, el tema del armamentismo en nuestra región ciertamente cobra notoriedad. A pes
ar de ser uno de más bajos del mundo, el gasto regional alcanzará este año los 50 mil millones de dólares, frente a los 39 mil 900 millones del 2007.América del sur destina el 1,74 por ciento de su PBI al gasto en defensa, porcentaje que es el menor del mundo a nivel regional, por debajo de los países de la OTAN (EEUU, Canadá y Europa), Rusia, China, Asia Central, Lejano y Cercano Oriente y África.
Recientes informaciones refieren que Brasil se ha embarcado en proyectos de de adquisiciones y cooperación militar por más de 6700 millones de euros con Francia. La administración Lula busca apuntalar cada vez más su papel de potencia líder de la región, respaldada en su capacidad defensiva. Brasilia ha explicitado que se trata de la defensa de sus importantes yacimientos petroleros, gasíferos y de la amazonía.
Colombia es uno de los países que más gasta en defensa y en especial con la cooperación de los Estados Unidos, con el pretexto de la lucha antidrogas. Gastó 6 mil 568 millones de dólares en el 2008
Por su parte Chile invirtió 4 mil 778 millones de dólares en gasto militar, gracias al respaldo del canon del cobre. Así lidera el gasto militar per capita de la región.
Venezuela por su parte ha incrementado su gasto en defensa con un presupuesto de 4,139 millones de dólares en 2009, en especial con la adquisición de equipos militares a la Federación Rusa. El comandante Chávez ha señalado varias veces que el armamentismo colombiano y la presencia de bases yanquis en esas tierras son una clara amenaza a la República Bolivariana. Ecuador y Bolivia por su parte también están realizando compras de aviones y helicópteros para potenciar sus fuerzas armadas.
Se podría hablar de una suerte de escalada armamentista en la región. No han faltado incluso los que hablan de la configuración de una nueva Guerra Fría, con dimensiones ideológicas, políticas y militares. Resulta necesario entonces analizar cuales son las motivaciones que están haciendo que los estados sudamericanos están reforzando sus aparatos militares.
La creciente militarización de Colombia y las instalación de 7 nuevas bases norteamericanas se explica bajo el pretexto de una infructuosa lucha contra el narcotráfico, que busca exterminar a las fuerzas guerrilleras de las FARC-EP y el ELN. En los otros casos como Brasil, Chile o Venezuela, arguyen la necesaria renovación de equipos.
Este escenario nos muestra que a pesar de que nuestro continente no es una prioridad para los intereses imperialistas de Estados Unidos, no dejan de considerarnos su patio trasero y de acrecentar sus instrumentos de intimidación a los gobiernos alternativos.
Mientras tanto en nuestro país persiste la tensión diplomática con Chile en relación al diferendo marítimo y la presentación de la demanda en la Corte internacional de la Haya. Frente a esto la capacidad militar peruana se muestra muy por debajo de la del vecino del sur. En el frente interno, la situación de violencia interna generada por el narcotráfico y rezagos del terrorismo son un claro desafío a la seguridad interna.
El presupuesto peruano en defensa del 2009 se proyectó a los 4,517 millones de soles. (1.5 por ciento del PIB), habiendo sido el 2008 de cerca de 4,160 millones de soles. La mayor parte se destina al gasto corriente (cerca del 70 por ciento) y a financiar el Núcleo Básico Eficaz, una conjunción coordinada de los 3 institutos armados para asegurar la capacidad militar básica para la defensa nacional.
Las cifras de gastos en armas nos dicen algo. Los estados siguen considerando el gasto militar como parte del equilibrio de poder y de su protagonismo en la arena internacional. Este tema nos lleva a reflexionar sobre lo actores en el sistema internacional y en especial el rol que juegan los estados que buscan tener un determinado posicionamiento a partir de sus gastos en el sector defensa. Según los enfoques más relevantes en las relaciones internacionales, como el realismo, los estados buscan acrecentar y defender su poder expresado especialmente en su capacidad militar.
El tema de la defensa sin duda debe ser incorporado a la discusión programática de la izquierda y las fuerzas del cambio, considerando que la política de defensa también debe jugar un rol prioritario en la construcción del proyecto nacional alternativo al neoliberal. En esta propuesta se debe delinear claramente el control civil sobre la política de defensa, y de contar con los recursos para contar con las fuerzas disuasivas, capaces de asegurar nuestra soberanía y la defensa de nuestros recursos naturales frente a la voracidad de los capitales.
Nos queda claro que el llamado de Alan García resulta una paradoja más de su gobierno. Mientras se presenta como pacifista, promueve el ingreso indiscriminado del capital privado en sectores estratégicos en una concepción más amplia de la defensa: puertos como el caso de Paita, aeropuertos y el control de recursos claves como el gas y el agua, lo que resulta una afrenta a nuestra soberanía y la falta de una política de defensa integral, que contemple el control estatal de los recursos esenciales de la nación.
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