lunes, 19 de abril de 2010

Una Tía problemática


La amenaza represiva ante rechazo popular al proyecto minero Tía María


Por Luis Gárate

19 -04- 10


El gobierno aprista está nuevamente en la picota ante el conflicto en Islay, que pudo prevenirse, pero como siempre ahora busca apagar el problema a la fuerza con tal de imponer su terca política al servicio de los grandes capitales extractivos.


Solo hace unos días los mineros informales de la zona de Chala también fueron reprimidos (con 2 muertos y decenas de heridos) cuando cerraron la carreteras en demanda que se revise una ley de formalización dirigida a Madre de Dios pero que consideraban los afectaría pronto a ellos. La minería informal no solo es un problema socioeconómico, pues también genera pasivos ambientales. Pero el problema pasa por ver las alternativas para estos trabajadores que se estima emplea a entre 20,000 y 30,000 familias.


Se trata ahora del proyecto minero de Tía María en la zona de Cocachacra, en Arequipa. Este es un proyecto cuprífero que todas luces tendría importantes rentas, pero a la vez, según los estudios, tendría un fuerte impacto en la sostenibilidad económica de la zona, por las consecuencias en el medioambiente local.


El argumento central de las organizaciones en lucha es el cuestionamiento al Estudio de Impacto Ambiental avalado por el Ministerio de Energía y Minas; más bien señalan que el proyecto amenaza seriamente las fuentes de agua de la zona que se encuentran en el Río tambo, y que es vital para la actividad agrícola.


La lucha que desarrolla el Frente de Defensa de Cocachacra y del Comité de Lucha de Islay que han tomado hace varios días el tramo de los kilómetros 1046 y 1049 de la Panamericana Sur, ha adquirido así un especial protagonismo mediático. Hasta ahora han fracasado las mesas de diálogo y la mediación personal de la Defensora del pueblo, Beatriz Merino.


Nuevamente Alan García, fiel a su estilo provocador, ha señalado que detrás de estas “ínfimas minorías” que promueven el “terrorismo vial”, estarían los radicales que han sido rechazados en las elecciones y ahora querrían chantajear al Estado a través de la violencia. García afirma que los peruanos quieren que siga el modelo de “democracia con inversiones”, y acaso sin importar los muertos en el camino.


La burguesía peruana también se ha expresado preocupada por sus inversiones. Los ex presidentes de la Sociedad Nacional de Minería, Augusto Baertl y Ricardo Briceño han exigido que el Estado ponga orden y deje de lado la imagen de “anarquía que se ha percibido desde hace días en Islay”.


No olvidemos que ese mismo argumento fue usado en Bagua, cuando García y sus acólitos acudieron al burdo argumento de la conspiración internacional contra el desarrollo del Perú. Con esta idea, que ya había sido expuesta el en célebre artículo del síndrome del perro del hortelano, se justificó la represión a los nativos que ocasionó las sangrientas escenas de represión que vimos.


Vale recordar que el 27 de septiembre de 2009 se realizó una consulta vecinal en Cocachacra y otros distritos donde más de 90 por ciento de los consultados se expresó en contundente rechazo al proyecto.


El mecanismo de las consultas vecinales ha sido una muestra de un ejercicio democrático de las comunidades, como los casos de Tambogrande, así como Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera en la sierra de Piura, para expresar la voz de los principales afectados frente a las inversiones mineras que han preferido la sostenibilidad de las actividades agrícolas.


Ya sabemos entonces la vara con la que miden las clases dominantes a los pueblos. Cuando se trata de impedir que ganen los “antisistema”- como señalo García- y cuando se trata de proteger los grandes intereses, hay que meter bala si es necesario. También sabemos de lado de quién está el gobierno, en especial el MEM, cuando se trata de facilitar el ingreso de las empresas mineras y de hidrocarburos.


Nuevamente se pone en debate el modelo de desarrollo peruano. No podemos dejar de explotar nuestros recursos minerales, pero la pregunta clave es cómo hacerlo compatible con el desarrollo sostenible, que vaya en armonía con el medio ambiente habitado por comunidades vinculadas a la agricultura y con ecosistemas vulnerables. La adecuada información, los estudios de impacto socioambiental serios y la consulta popular son las vías necesarias antes de implementar estos proyectos.

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