Tras los alevosos ataques terroristas a soldados en la selva
Por Luis Gárate*
16-04-09
Tras los recientes ataques perpetrados por presuntas huestes senderistas en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), las clases dominantes parecen celebrar el retorno de los fantasmas del terrorismo a pocos días de emitida la histórica sentencia al ex dictador Fujimori.
Alan García no tuvo mejor frase que acuñar -propia de su temple frente a los derechos humanos- que ante la muerte de soldados “estamos en guerra y, en toda guerra, hay costos”. García sabe bien de lo que habla, si recordamos los altos “costos” humanos durante su primer gobierno.
Es que la reciente emboscada “narcoterrorista” a una patrulla del Ejército les costó la vida a 14 soldados en Ayacucho y todo indica que se pudo impedir. Entre los muertos hay varios jóvenes menores de edad como el soldado Robinson Macedo Sima (17), muerto tras el ataque perpetrado en la localidad de Sanabamba, en el VRAE.
Por su parte el defensor del Pueblo en Ayacucho, Jorge Fernández Mavila denunció que más de cien menores de edad fueron reclutados por el Ejército en el 2008, y algunos de ellos habrían incluso combatido al narcoterrorismo en el VRAE y otras zonas de emergencia.
Asimismo la representante de la Defensoría del Pueblo en Ucayali, Hilda Saravia, sostuvo que cinco menores ucayalinos, de entre 15 y 17 años de edad, prestan su servicio militar voluntario en zonas de emergencia como el VRAE.
Esta escandalosa situación es una muestra más de la falta de una adecuada estrategia militar, y en general, el desinterés que ponen los gobiernos de las clases dominantes, como el aprista, en atacar a fondo el problema del tráfico de drogas que se está expandiendo con preocupante rapidez en diversas zonas del país.
Según el especialista Ricardo Soberón, la producción de hoja de coca en el VRAE es de más de 56 mil toneladas de hoja. Mientras la cantidad de cocaína producida en el Perú ha aumentado a 280 toneladas por año, representando el 28% de la producción mundial.
El Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) es una cuenca hidrográfica entre los departamentos de Ayacucho, Cusco y Junín. Abarca unos 12 mil kilómetros cuadrados y se ha convertido en el primer lugar de producción de droga por encima de las cuencas cocaleras del Huallaga.
Mientras peligrosos carteles internacionales de la droga y las gigantescas redes de corrupción narcotraficante se expanden en el Perú, la mafia fujimontesinista y los sectores fascistas aún en el poder, impulsores de la guerra sucia, buscan obstaculizar las soluciones a las causas del problema y pescar a río revuelto.
Por eso el vicepresidente Luis Giampietri, destacado representante del fascismo militar, declara sin rubor “hoy es el momento de las decisiones y de colaborar, o estamos esperando otro Tarata. Creo que esta es una fuerte llamada de atención”.
A estas declaraciones se unen en comparsa los medios derechistas, que infunden terror y buscan revivir los fantasmas del “terrorismo comunista”. Esta estrategia, como lo ha sido antes, le cae como anillo al dedo a las clases dominantes para garantizar una estrategia de terror y represión ante cualquier protesta y configuración de una alternativa popular.
No cabe duda que subsisten algunos elementos del senderismo en algunas zonas del país que se han puesto al servicio rentado del narcotráfico. Sin embargo, eso no permite hablar de un proceso de recomposición política y rebrote de la amenaza de Sendero.
El grave problema del narcotráfico y el cultivo ilegal de la coca requieren de una estrategia militar que contemple, como queda claro, la preparación de fuerzas especiales adecuadamente equipadas y atendidas. La otra, y que va de la mano, es una estrategia integral de desarrollo de la zona, que permita plantear alternativas reales de trabajo, producción agrícola, vías de comunicación, y servicios públicos esenciales a la población.
La izquierda debe tener claro esto a la hora de enfrentar las tentativas fascistoides de revivir fantasmas, y para plantear una estrategia de fondo al tema del narcotráfico. Nuestra alternativa pasa necesariamente por enfrentar con decisión a las poderosas redes de corrupción en el Estado, que atraviesan las fuerzas armadas y policiales; abordar el reto de priorizar la reducción del consumo nacional y en especial en el extranjero; una estrategia militar eficaz y una estrategia integral de desarrollo de las zonas afectadas y del país.
Por Luis Gárate*
16-04-09
Tras los recientes ataques perpetrados por presuntas huestes senderistas en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), las clases dominantes parecen celebrar el retorno de los fantasmas del terrorismo a pocos días de emitida la histórica sentencia al ex dictador Fujimori.
Alan García no tuvo mejor frase que acuñar -propia de su temple frente a los derechos humanos- que ante la muerte de soldados “estamos en guerra y, en toda guerra, hay costos”. García sabe bien de lo que habla, si recordamos los altos “costos” humanos durante su primer gobierno.
Es que la reciente emboscada “narcoterrorista” a una patrulla del Ejército les costó la vida a 14 soldados en Ayacucho y todo indica que se pudo impedir. Entre los muertos hay varios jóvenes menores de edad como el soldado Robinson Macedo Sima (17), muerto tras el ataque perpetrado en la localidad de Sanabamba, en el VRAE.
Por su parte el defensor del Pueblo en Ayacucho, Jorge Fernández Mavila denunció que más de cien menores de edad fueron reclutados por el Ejército en el 2008, y algunos de ellos habrían incluso combatido al narcoterrorismo en el VRAE y otras zonas de emergencia.
Asimismo la representante de la Defensoría del Pueblo en Ucayali, Hilda Saravia, sostuvo que cinco menores ucayalinos, de entre 15 y 17 años de edad, prestan su servicio militar voluntario en zonas de emergencia como el VRAE.
Esta escandalosa situación es una muestra más de la falta de una adecuada estrategia militar, y en general, el desinterés que ponen los gobiernos de las clases dominantes, como el aprista, en atacar a fondo el problema del tráfico de drogas que se está expandiendo con preocupante rapidez en diversas zonas del país.
Según el especialista Ricardo Soberón, la producción de hoja de coca en el VRAE es de más de 56 mil toneladas de hoja. Mientras la cantidad de cocaína producida en el Perú ha aumentado a 280 toneladas por año, representando el 28% de la producción mundial.
El Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) es una cuenca hidrográfica entre los departamentos de Ayacucho, Cusco y Junín. Abarca unos 12 mil kilómetros cuadrados y se ha convertido en el primer lugar de producción de droga por encima de las cuencas cocaleras del Huallaga.
Mientras peligrosos carteles internacionales de la droga y las gigantescas redes de corrupción narcotraficante se expanden en el Perú, la mafia fujimontesinista y los sectores fascistas aún en el poder, impulsores de la guerra sucia, buscan obstaculizar las soluciones a las causas del problema y pescar a río revuelto.
Por eso el vicepresidente Luis Giampietri, destacado representante del fascismo militar, declara sin rubor “hoy es el momento de las decisiones y de colaborar, o estamos esperando otro Tarata. Creo que esta es una fuerte llamada de atención”.
A estas declaraciones se unen en comparsa los medios derechistas, que infunden terror y buscan revivir los fantasmas del “terrorismo comunista”. Esta estrategia, como lo ha sido antes, le cae como anillo al dedo a las clases dominantes para garantizar una estrategia de terror y represión ante cualquier protesta y configuración de una alternativa popular.
No cabe duda que subsisten algunos elementos del senderismo en algunas zonas del país que se han puesto al servicio rentado del narcotráfico. Sin embargo, eso no permite hablar de un proceso de recomposición política y rebrote de la amenaza de Sendero.
El grave problema del narcotráfico y el cultivo ilegal de la coca requieren de una estrategia militar que contemple, como queda claro, la preparación de fuerzas especiales adecuadamente equipadas y atendidas. La otra, y que va de la mano, es una estrategia integral de desarrollo de la zona, que permita plantear alternativas reales de trabajo, producción agrícola, vías de comunicación, y servicios públicos esenciales a la población.
La izquierda debe tener claro esto a la hora de enfrentar las tentativas fascistoides de revivir fantasmas, y para plantear una estrategia de fondo al tema del narcotráfico. Nuestra alternativa pasa necesariamente por enfrentar con decisión a las poderosas redes de corrupción en el Estado, que atraviesan las fuerzas armadas y policiales; abordar el reto de priorizar la reducción del consumo nacional y en especial en el extranjero; una estrategia militar eficaz y una estrategia integral de desarrollo de las zonas afectadas y del país.