Ley de invasores o derechos postergados

En relación al rol del Estado y el derecho a la vivienda digna

Por Luis Gárate

El revuelo que ha generado la reciente aprobación de la ley que autoriza la expropiación y posterior adjudicación de los terrenos ocupados al 31 de diciembre de 2004 por poseedores informales, ha sido generado por las reacciones de temor y rechazo de las clases dominantes.

Con su estilo clientelista, los funcionarios apristas del Ministerio de vivienda y COFOPRI -encabezados por la ministra Nidia Vílchez- promovieron la aprobación de la ley a través de la movilización de miles de pobladores de asentamientos humanos de Lima y provincias. Así lograron la aprobación en la comisión permanente y que, sin demora, fue refrendada por el mismo Alan García.

Ante esta situación, diversos sectores de la derecha han pegado el grito en el cielo desde los grandes medios de comunicación, defendiendo la inviolabilidad de la propiedad privada, olvidando que esta tiene también una función social y que la ley así lo contempla con fines de bien común e interés público.

Es que la ley 29320, que modifica el artículo 21 de la ley 28687, tiene el objetivo general de beneficiar a miles de personas de bajos recursos que ocuparon terrenos de propiedad privada y de comunidades campesinas. Entonces, más allá de las movidas demagógicas de la dirigencia aprista, debemos poner en el tapete los temas de fondo, ¿se trata acaso de la propiedad privada versus los derechos humanos y sociales? ¿El estado está asumiendo la protección y promoción del derecho a la vivienda?

La Constitución Política del Estado de 1979 contemplaba expresamente el Derecho a la Vivienda. Sin embargo en la nueva constitución del 93, hecha a la medida de la dictadura neoliberal de Fujimori, se omitió este derecho y así se retiró la expropiación por interés social. Sin embargo, siendo el Perú suscriptor de acuerdos internacionales sobre los derechos humanos aún está obligado a respetar el derecho a la vivienda.

Lo cierto es que la política de acceso al suelo y de vivienda de las clases dominantes peruanas no ha sido capaz de ofrecer alternativas para que cientos de miles de familias pobres tengan un sitio la ciudad. A lo largo de diferentes gobiernos los terrenos del Estado han sido facilitados a grandes propietarios e inmobiliarias para realizar inversiones, en vez de ponerlas a disposición de las Municipalidades para que se destinen a los más necesitados, quienes siguen ocupando terrenos ubicados en zonas riesgosas como las laderas de cerros.

Algunos especialistas desde el lado progresista plantean que los gobiernos locales y provinciales asuman la responsabilidad de desarrollar Programas de Vivienda que impliquen un acceso a suelo urbanizado de manera ordenada y planificada, constituyendo bancos de tierras municipales en cada provincia y dotando a los municipios de recursos necesarios. Así, sostienen, se podría promover una política preventiva y que deje sin piso a los traficantes de tierras.

Precisamente algunos elementos del Partido Aprista, que están vinculados a las altas esferas del gobierno como el caso de Germán Cárdenas, estarían vinculados desde hace décadas a la ocupación de terrenos con fines de tráfico en beneficio personal y aprovechándose de la necesidad de decenas de familias humildes.

La ley de expropiación es un instrumento legal, pero insuficiente en el marco del modelo económico neoliberal y el marco legal vigente. Para la izquierda, el tema de fondo debe abordarse desde el ejercicio de los derechos de todo ciudadano, en particular los sectores más desfavorecidos, para acceder al suelo y la vivienda.

El reto para las fuerzas populares del cambio es incorporar el derecho la vivienda en la lucha por una Nueva Constitución, que permita la refundación de la República, que configure un nuevo Estado democrático donde los ciudadanos realmente tengan los mecanismos para ejercer sus derechos y hacer respetar la soberanía popular.

En ese sentido la construcción de una ciudad incluyente, con acceso equitativo el suelo y a la vivienda, que sea democrática y sostenible, es un tema de primer orden que debe entrar en la discusión programática de la izquierda, y en particular de los comunistas, para impulsar la reconstrucción de la política con participación protagónica de los sectores populares.

Febrero 2009

Crisis estructural y programas sociales

Ante el aumento de las desigualdades y el clientelismo del Apra y la derecha

Por Luis Gárate*

En medio de los escándalos de corrupción y la agudización de la crisis financiera global, el gobierno aprista no ha tenido mejor idea que seguir la tradición de los gobiernos peruanos: tratar de apaciguar a los sectores populares ante el aumento de las brechas sociales, y en este caso a través del llamado Módulo Perú Crecer.

El promotor del programa ha resultado ser el ex ultra izquierdista Yehude Simon, que entre bombos y platillos presidió recientemente el lanzamiento del programa en asentamientos humano como Horacio Zeballos, del distrito de Ate Vitarte.

Peru Crecer es la coordinación de ministerios claves y sus respectivos programas para hacer más efectiva y más visible la acción del estado en los sectores más pobres de Lima metropolitana y el país.

Así sectores como el Ministerio de vivienda se presentan en las poblaciones a través del programa Agua para todos y COFOPRI, el sector salud, mujer y desarrollo social, trabajo, con sus programas temporales y de emergencia, entre otros.

En palabras de Simon, el programa tiene previsto atender a alrededor de un millón 700 mil personas de 662 asentamientos humanos ubicados en 15 distritos de Lima y Callao, y que en una segunda etapa se asistiría a las zonas de extrema pobreza en todas las regiones del Perú.

El gobierno celebra el haber elevado el presupuesto destinado a los programas sociales a 4300 millones de soles. Sin embargo, expertos como Carlos Aramburu señalan que los recursos no son suficientes, y precisó que el Perú tiene una de las inversiones sociales más bajas de Latinoamérica.

En la lista de inversiones también se destinarían 75 millones 700 mil soles para impulsar el Programa de Emergencia Social Productivo “Construyendo Perú” y el Programa de Capacitación Laboral Juvenil (Pro Joven).

Asimismo el ejecutivo ha lanzado, con una inversión total de 60 millones de soles, la campaña nacional de reforestación que generaría 128 mil puestos de trabajo en 18 departamentos del país y que ha sido coordinada por los ministerios de Trabajo y de Agricultura y por algunos gobiernos regionales como Huancavelica y Lima.

Ante se escenario, es indispensable que la izquierda y los sectores progresistas retomen su trabajo en los sectores populares, tanto a nivel de la organización de los trabajadores, como en los barrios y en asentamientos humanos.

Desde una crítica marxista, los programas sociales pueden ser vistos como estrategias a las acuden las clases dominantes para poder paliar temporalmente las inequidades propias del sistema capitalista.

Sin embargo pueden ser utilizadas desde otro enfoque en procesos de transformación social, como el caso venezolano. El gobierno bolivariano de Venezuela, encabezado por el presidente Chávez, se dio cuenta que transformar el Estado venezolano desde su raíces sería un proceso largo y complejo. Ante esto optaron por encauzar gran parte de los ingresos petroleros a programas que atiendan las principales necesidades de la población, pero con un enfoque de desarrollo de capacidades y de la conciencia política y ciudadana, que acompañe el gradual proceso de transformación del aparato público.

En el país el Apra busca armar un colchón clientelista frente a la crisis, mientras otros grupos políticos de derecha como Solidaridad Nacional y el PPC alistan sus equipos de tecnócratas y promotores para afianzar su influencia en los municipios que conducen en Lima y en provincias a través de procesos de capacitación y la ejecución de obras públicas.

Tanto el Apra, como lo hizo el fujimorismo en un momento y ahora la derecha que representa Luis Castañeda y Alex Kouri, se han convertido en expertos en el efectismo mediático y la manipulación de dirigentes sociales a través de obras de infraestructura básica como locales comunales, pavimentación, construcción de escaleras, vías de acceso y de áreas deportivas.

Por su parte, si la izquierda peruana pretende ser una opción de gobierno tiene que contar con estrategias claras de contacto con la población, como puede ser a través de la asesoría de las organizaciones sociales, la orientación en temas técnicos y legales, el trabajo sistemático para organizar y orientar a la juventud, entre otros.

Si la izquierda fue abanderada en un momento de promover programas asistenciales como el Vaso de leche y los comedores populares, y que luego se perdieron en el camino ante una crisis de conducción y la falta de una perspectiva de cambio radical, ahora le corresponde construir nuevos frentes de resistencia y organización popular, corrigiendo sus pasivos con una actuación democrática, eficiente y denunciando la manipulación.

Solo así, a través de acciones concretas de influencia social, promoviendo espacios participativos y democráticos, podremos disputar las gestiones que el Apra y la derecha consiguen a través del clientelismo, la corrupción y la demagogia.
(28-01-09)